Bloque 2. Mapa3. Organización territorial del Archipiélago Canario

T. IV. 4. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA
1. DESCRIPCIÓN GENERAL:
Mapa temático de figuras que representa la ordenación territorial desde el punto de vista político-administrativo del espacio geográfico de la Nacionalidad Canaria. El tipo de escala es gráfica, de pequeña escala, y la fuente no aparece indicada.

El mapa hace referencia a los territorios que forman la Comunidad Autónoma de Canarias: islas de La Palma (capital S/C de La Palma), El Hierro (Valverde), La Gomera (San. Sebastián de La Gomera), Tenerife (S/C de Tfe.), Gran Canaria (Las Palmas de G:C.), Fuerteventura (Pto. Del Rosario) y Lanzarote (Arrecife) así como otros territorios insulares como el archipiélago Chinijo (La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste) dependiente administrativamente de Lanzarote y el islote de Lobos de Fuerteventura. Se observa en el mapa una línea discontinua que hace referencia a la división provincial del archipiélago en la provincia occidental: S/C de Tenerife con capital en S/C de Tenerife y la provincia oriental: Las Palmas con capital en Las Palmas de G.C. El Estatuto organiza el territorio canario en islas y municipios.

El mapa representa a la Comunidad Autónoma de Canarias, una de las 17 comunidades del Estado español. Tiene carácter insular, constituyéndose en comunidad autónoma con la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1.982, por la vía del art.143 de la Constitución de 1.978, modificado en 1.996 para ampliar sus competencias, dotándolo de un alto nivel de autogobierno, y el intento de una reforma que resultó fallida en 2.006.

Introducción
En España, a partir de la Constitución de 1978, el Estado se organiza territorialmente en tres niveles administrativos: municipios, provi ncias y comunidades autónomas. En el caso de Canarias, existe un cuarto nivel que es el de los Cabildos insulares (se corresponde con las Diputaciones Provinciales peninsulares). Por tanto, además de los organismos locales, provinciales y regionales, en Canarias se añade un cuarto ámbito de actuación territorial: la isla, gestionado a través de los respectivos cabildos.
Nivel 1: administración municipal
Tras las Cortes de Cádiz (1812) se suprimieron los señoríos en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y
El Hierro así como los antiguos concejos o cabildos de las islas de realengo, que fueron sustituidos por los ayuntamientos actuales.
La principal función del ayuntamiento es la de ejercer el gobierno y la administración municipal en
su correspondiente jurisdicción. Sus miembros son elegidos por los ciudadanos a través de unas elecciones municipales celebradas cada cuatro años. Está integrado por el alcalde y los concejales; el alcalde es el presidente de la corporación y es designado una vez elegidos los concejales, tras la celebración de las elecciones municipales.
Nivel 2: administración provincial
En el siglo XIX la organización político administrativa del territorio español, se hizo a partir de la división provincial del ministro Javier de Burgos en 1833.
Dividió el territorio español en 50 provincias con el objetivo era organizar de forma unitaria la administración de cada provincia y la intervención del gobierno en ellas.
Surgió entonces la provincia única de Canarias cuya capital se estableció en Santa Cruz de Tenerife (1833). Se produjo así un cambio en las instituciones políticas canarias: se pasó de la organización político-administrativa basada en un concejo insular a la creación de ayuntamientos en las distintas islas, y en la provincia única de Canarias recién creada se estableció un órgano de gobierno regional: la Diputación provincial (con sede en el edificio del actual Parlamento de Canarias).
Los conflictos entre los grupos de poder de las islas centrales fueron constantes: los de Tenerife se esfuerzan por consolidar la capital y los de Gran Canaria tratan de conseguir la división provincial. Es el llamado pleito insular, en el que intervienen como árbitros el Gobierno central, los gobernadores y los capitanes generales, favoreciendo la rivalidad entre las islas.
El pleito insular concluirá en 1927, cuando Primo de Rivera firma el decreto de la división provincial: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Nivel 3: administración insular
Mientras el enfrentamiento de las clases dominantes de las dos islas centrales por la hegemonía económica, política e institucional, domina la vida política del archipiélago a comienzos del siglo XX, desde las islas periféricas se reclama la
reimplantación de los concejos o cabildos insulares, para defender su autonomía frente a la hegemonía de Tenerife y Gran Canaria.
Por fin, el Gobierno central decidió crear, como en tiempos pasados y como una solución intermedia, un órgano de gobierno insular con competencias sobre los municipios de cada isla.
 De este modo en julio de 1912 se crearon los Cabildos Insulares (Ley de Cabildos).
Se trata de una institución cuyo ámbito de gestión y administración es la isla.
Con esta solución intermedia se intentaba poner fin a la lucha entre Santa Cruz y Las Palmas y evitar posibles fricciones entre las islas centrales y el resto del Archipiélago. Esta solución fue aplaudida por todos los grupos políticos y el problema pareció zanjado; sin embargo, la lucha, aunque de forma más silenciosa, continuó, y en 1927, se divide la provincia única de Canarias.
Los Cabildos asumían en parte las competencias de la Diputación Provincial y se constituían en el órgano de gobierno y administración insular. Cada isla elige, en la actualidad, mediante sufragio universal, directo y secreto a sus representantes en el Cabildo que son denominados consejeros.
Nivel 4: administración autonómica
Uno de los hechos políticos más importantes en el camino a la democracia abierto en 1975 fue la construcción de un nuevo modelo de Estado no centralista a partir de las previsiones del Título VIII de la Constitución de 1978.
El camino hacia las autonomías tuvo dos etapas: la de la preautonomía (1977-1978), o la concesión de gobiernos provisionales a aquellas regiones cuyos representantes parlamentarios lo solicitasen, y la de la autonomía efectiva (1979-1983), regulada por la Constitución.
En Canarias, el gobierno preautonómico o Junta de Canarias se formó en abril de 1978, siendo su primer presidente Alfonso Soriano. Su objetivo fundamental era la redacción del Estatuto de Autonomía, con temas clave como: la capitalidad, la ubicación de las sedes institucionales, el sistema electoral…
 Una vez aprobada la Constitución, se abre el proceso para la conversión de las regiones en comunidades autónomas. Cada Comunidad, debía contar con un órgano legislativo elegido por sufragio universal Parlamento autónomo) y un órgano ejecutivo (Gobierno autónomo), siguiendo vigente la división provincial.
La transferencia de competencias legislativas y ejecutivas a los poderes autonómicos se efectúa a través de dos vías: el artículo 151 o “vía rápida” utilizado por las comunidades históricas a las que se añade Andalucía y el artículo 143 o “vía lenta” aplicado a las demás (es el caso de Canarias).
Las competencias que asumían las comunidades autónomas así como las instituciones de que se dotaban, quedan recogidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía. En el caso de Canarias, se transfieren las competencias de economía, medio ambiente, educación, sanidad, trabajo, empleo y asuntos sociales.
En el caso de Canarias, su Estatuto, consensuado entre todas las fuerzas políticas, fue aprobado por las Cortes Generales el 10 de agosto de 1982 y el primer Parlamento de Canarias :e constituyó el 30 de mayo de 1983,
Día de Canarias desde entonces. Su primer presidente fue Pedro Guerra.
Reformado en 1996 define a Canarias como una nacionalidad que abarca el territorio formado por las siete islas mayores y los seis islotes (nombrados todos por orden alfabético): El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma, Tenerife. Alegranza, La Graciosa, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del
Oeste, agregados administrativamente todos a Lanzarote (archipiélago Chinijo), salvo Lobos que lo está a Fuerteventura (art. 2).
La capitalidad de Canarias se fija compartidamente en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria (art. 3.1.).
Las instituciones autonómicas son:
a.  El Parlamento de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife. Es el órgano representativo del pueblo canario elegido por sufragio universal cada cuatro años.
Está constituido por 60 diputados distribuidos de la siguiente manera:
15 Tenerife                  15 Gran Canaria
8 La Palma                      8 Lanzarote
4 La Gomera                  7 Fuerteventura
3 El Hierro
b. El Gobierno autonómico tiene su sede compartida entre las dos capitales autonómicas:
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que cambia cada periodo de
legislatura (cuatro años). El primer presidente fue Jerónimo Saavedra. El actual es Adán
Martín. El Presidente es elegido de entre los diputados de la Cámara por votación pública y
por llamamiento, designando a continuación a su vicepresidente (diputado) y a los
consejeros (diputados o no).
c. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria.
Los símbolos de la Comunidad son la bandera y el escudo.
a. La bandera de Canarias está formada por tres franjas iguales, en sentido vertical, cuyos colores son, a
partir del asta, blanco, azul y amarillo (art. 6).
b. El escudo es el siguiente: en campo de azur tras siete islas de plata bien ordenadas, dos, dos, dos y
una, esta última en punta. Como timbre una corona real de oro, surmontada de una cinta de plata con el
lema OCÉANO de sable y como soportes dos canes en su color encollarados (art. 6).
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